RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDA  FACILIITACION DERECHO PROCESAL  LABORAL

LUNES 12 DE MAYO DE 2014

Según el Principio I del Código de Trabajo de la República Dominicana, “el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, que debe velar porque las normas del derecho del trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social”.

El Principio I del derecho laboral eleva la categoría del trabajo a la de función social y pone a cargo del Estado no sólo asistencia y protección, sino la garantía propia a la dignidad. En tal virtud, no se podrá establecer desigualdad entre los trabajadores tomando como base la raza, nacionalidad, credo político o religioso, sexo, condición social, etc. “El Estado también debe velar porque las condiciones de trabajo y donde se realice éste sean en tal estado que aseguren la vida, la salud física y mental del trabajador, así como el nivel económico digno y decoroso”

Según la nueva Constitución dominicana: “El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado”. (Artículo 62 de la Constitución de 2010).

El Principio II se refiere a la Libertad de Trabajo e indica que “toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley, nadie puede impedir el trabajo

a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad”. Se trata del derecho al trabajo consagrado

por el Art.23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que proclama que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Como norma internacional, “toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

El Principio II tiene como base el derecho al trabajo proclamado por el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, según el cual: “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo (…) y tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

El Artículo 62 de la Constitución de 2010 establece además que: “Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad”. Por ello, este principio consagra la libertad de contratar y de ser contratado, es decir que todo ciudadano o toda ciudadana tienen el derecho de dedicarse a la actividad productiva lícita de su predilección, sin otras limitaciones que las que consagran las leyes, principalmente sobre la edad y la nacionalidad. Por supuesto, debe tratarse de una labor lícita o protegida por la ley.

El Principio III establece que el Código de Trabajo “tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses”. Consagra la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía

nacional. Pone a cargo del Estado la obligación de establecer los medios y organismos para conciliar intereses nacidos de la aplicación de la ley laboral, es decir, la creación por parte del Estado de las jurisdicciones necesarias y competentes para decidir y buscar soluciones a los conflictos que se susciten en la ejecución del contrato de trabajo.

El Principio IV establece que “las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial”, y que “rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales. Limita la aplicación de las leyes laborales al ámbito nacional al tiempo que prescribe la igualdad de tratamiento para nacionales y extranjeros en cuanto a la protección que brindan las leyes dominicanas, que rigen sin distinción para todos los trabajadores sin importar la nacionalidad u origen.

El Principio IV presenta ciertas excepciones, contenidas por lo general en el Título I del Libro II del Código de Trabajo referente a la “nacionalización del trabajo”. Con la nueva Constitución de 2010, la excepción pasa al rango de norma constitucional como sigue: “Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados” (Art. 62, párrafo 10).

El Principio V establece que “los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional”, y que “es nulo todo pacto en contrario”. Por otra parte, el Art. 38 del Código de Trabajo establece que “son nulas las cláusulas que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda el Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores”.

El Principio V, conocido también como Principio de Irrenunciabilidad es primordial en derecho laboral, ya que indica la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, de los derechos establecidos por el Código de Trabajo.

La doctrina laboral ha indicado que, en el contrato, la buena fe es un “elemento esencial (…) que sí debe primar en todo negocio jurídico y que tiene mucha mayor razón de ser en las relaciones derivadas de la prestación de servicios, ya que para que las relaciones laborales no se quebranten y pierdan consistencia es necesaria la confianza mutua entre patronos y trabajadores, concibiéndose el objeto de las leyes laborales como de protección y amparo del trabajador; pero no para crear motivos de inestabilidad en las relaciones entre partes, ni fomentar la indebida explotación de cualquier

circunstancia para rescindir el vínculo laboral.

El Principio VI consagra la Igualdad de Tratamiento y de No discriminación cuando prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador.

La Constitución de 2010 establece que: “Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora”. No obstante, en la ley laboral dominicana, en cuanto al trabajador

extranjero se refiere, se establecen algunas restricciones que pudieran verse como discriminatorias.

Estas se presentan, como se mencionó antes, en cuanto a la preferencia que tienen los nacionales dominicanos a ocupar un puesto primero que los extranjeros, y estos últimos a ocuparlo cuando no haya dominicano con preparación y capacidad para ello.

PRINCIPIO VII: Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición.

Considerado como el más importante de todos, el Principio VIII contiene la máxima latina de “in dubio pro operario”, considerada como un pilar básico del derecho laboral: “En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador” (Principio VIII).

Sobre la regla de la norma más favorable, se utiliza para determinar que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que corresponda de acuerdo a la jerarquía clásica de las normas jurídicas.

En fin, la regla de la condición más beneficiosa supone el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador o una trabajadora. Si se relacionan los artículos 37 y 120 del Código de Trabajo se deduce que en el caso de celebrarse un convenio colectivo modificará los contratos de trabajo celebrados por la empresa con anterioridad a la vigencia del convenio, siempre que “favorezcan a (la persona) trabajador(a)” y que “sea con el objeto de (…) mejorar su condición”.

El Principio IX  asume la tesis sustentada por una parte de la doctrina en cuanto a que “el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos”. Con ello se afianza en la legislación dominicana el contrato realidad. De tal forma, según el Principio IX del Código de Trabajo “es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio”.

Esta parte vigoriza aún más la tesis de que son los hechos los que van a determinar la naturaleza del contrato. El juez tendrá que hurgar en el contenido intrínseco de los hechos. No quiere decir10 Guía de Procedimientos Laborales

esto que el contrato por escrito no tenga su valor. Este lo tendrá siempre y cuando se haga de conformidad con la ley, pero frente a la disparidad de lo que conste por escrito y lo que el juez pueda deducir de los hechos, esto último se impone.

Por otro lado, el Principio X  al indicar que “la trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador” consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer, lo que significa que la misma tiene el mismo derecho a desempeñar igual trabajo, y percibir igual remuneración.

Según el texto de la Constitución de 2010: “El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo” (Art.62, párrafo 1). Además, se establece una protección especial a favor de la mujer madre. La maternidad, consigna el Artículo 55, párrafo 6 de la Constitución de la República, “sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

De igual manera, el Principio XI se refiere al tratamiento del trabajo de los menores de edad, que “no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria”. La razón fundamental de este principio es brindar protección física y mental al menor de edad y velar por su instrucción escolar.

La noción de interés superior del niño adquiere en 2010 rango constitucional, y por tanto se prohíbe de manera expresa el trabajo infantil. Según el nuevo texto constitucional:

“Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos

por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos” (Art.56, párrafo 1).

Por otra parte, el Principio XII reconoce como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal. El respeto de la intimidad y la dignidad personal son derechos de índole constitucional. Según la Constitución de 2010: “Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación lectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal” (Art.62, párrafo 3).

En fin, el Principio XIII señala que el Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales (llamados “Juzgados” y “Cortes” de Trabajo). Y se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación, la cual, puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa.

El derecho procesal adquiere de tal forma rango constitucional. El derecho procesal laboral no es más que una rama del derecho procesal general aplicado al ámbito del derecho del trabajo.

Según el profesor Porfirio Hernández, “el derecho procesal del trabajo no se limita a trazar el camino propiamente dicho para, en caso de litigio, ejercer un derecho, sino que se extiende al funcionamiento y actividad de los tribunales laborales, la ejecución de la sentencia pronunciada, las vías de recursos contra ellas, las acciones accesorias, las demandas en reparación de daños y perjuicios ocasionadas por una acción laboral, etc.”29.

La doctrina se ha encargado de destacar los principios básicos que, por lo general, tipifican y distinguen el procedimiento laboral, a saber:

a. La gratuidad implica que las actuaciones judiciales en materia laboral son gratuita, es decir, exentas del pago de impuestos;

b. La oralidad es una característica propia del derecho laboral e implica que las actuaciones

y diligencias judiciales, la práctica o discusión de pruebas y las audiencias, se efectúen oralmente;

c. La publicidad deviene del carácter oral, público y contradictorio del juicio en el país e implica que las audiencias puedan ser presenciadas libremente por quien desee, a puertas abiertas, salvo disposición contraria del juez en ciertos casos;

d. La inmediación implica la intervención directa del juez en todo el desarrollo del proceso;

e. La impulsión se refiere a la autonomía del juez y a su papel activo en el proceso, que no requiere que las partes impulsen el mismo, sino que debe propulsarlo y dictar cuantas medidas entienda con miras a esclarecer y fallar el caso;

f. La preclusión se refiere a los plazos del procedimiento, que no pueden ser objeto de prórroga. Si los actos procesales no se impugnan ni son controvertidos, se dan por ciertos;

g. La lealtad procesal consiste en la igualdad de oportunidades para que cada una de las partes conozca los medios de prueba que ambas aportan al debate y así poder preparar sus respectivos medios de defensa;

h. La conciliación es posible en todo estado del proceso. Su obligatoriedad tiene por objeto

la búsqueda de una solución amistosa entre las partes en litigio.

i. La libertad de prueba se refiere a la discrecionalidad del juez para poder apreciar libremente

las pruebas que se le aporten y poder fallar según la intima convicción obtenida a través del juicio;

j. El principio protector o in dubio pro operario se extiende al derecho procesal laboral en el sentido de que las normas y condiciones en que se desenvuelve el contrato de trabajo

hay que aplicarlas de manera favorable al trabajador;

k. La celeridad es característica al derecho procesal laboral puesto que los casos litigiosos deben ser resueltos en el menor tiempo posible. Por ello, se acumulan los incidentes, se abrevian los plazos, no existen nulidades de forma y el juez tiene un plazo perentorio para dictar sentencia.

3. La demanda laboral: el escrito introductivo de instancia

La acción laboral relativa a los conflictos jurídicos se inicia mediante demanda escrita de la parte que reclama, dirigida vía secretaria del tribunal competente, al juez que deba conocerla (Art.508). La parte que carezca de aptitud para la redacción del escrito puede utilizar los servicios del secretario del tribunal para que se produzca el escrito de demanda. Por lo tanto, en teoría, el ministerio de abogado no es necesario. Tampoco hay una forma sacramental para la redacción del escrito (Ver Anexo I).

4. La audiencia

a) Audiencia de conciliación

En derecho laboral, ninguna demanda relativa a conflictos de trabajo puede ser objeto de discusión y juicio sin previo intento de conciliación, salvo en materia de calificación de huelgas o paros y de ejecución de sentencias.

El procedimiento de conciliación está a cargo de los vocales del tribunal, y donde el rol del juez “está limitado a ordenar la lectura de los escritos de las partes, a mantener la policía de la audiencia y para advertir a las partes o a los vocales sobre alguna proposición o sugerencia que contravenga o entre en contradicción con disposiciones legales de orden público e intimándolas a buscar otras soluciones…34”

Cabe señalar que el empleador está obligado a comparecer a la audiencia o hacerse representar por otra persona con el debido mandato para ello. La incomparecencia de ambas partes, salvo prueba en contrario, hace presumir su conciliación y autoriza al juez a ordenar el archivo del expediente